Chile ha lanzado oficialmente su Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú para el período 2024-2030, una hoja de ruta que promete transformar la relación del país con el medio ambiente.
Sin embargo, al examinar sus detalles, queda claro que este no es un simple conjunto de normativas ecológicas. El plan contiene elementos sorprendentes que van mucho más allá de la protección ambiental tradicional, adentrándose en el corazón de los derechos humanos, la justicia social y una democracia participativa radicalmente inclusiva. Este artículo explora los cinco puntos más reveladores de un plan que busca sentar un nuevo precedente en la región.
1. Proteger a Quienes Protegen: El Foco Central en los Defensores Ambientales.
Quizás el pilar más impactante y novedoso del plan es la protección explícita y robusta de los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. La Línea Estratégica N°4 no se limita a declaraciones de buenas intenciones, sino que establece acciones concretas. Entre ellas se incluyen el reconocimiento público de su labor, la creación de un mecanismo específico para prevenir y protegerlos de ataques, el apoyo en salud mental para la contención post trauma y la capacitación especializada a operadores de justicia y fuerzas de orden. Este enfoque es crucial porque reconoce formalmente el riesgo sistémico que enfrentan estas personas y eleva su protección a una prioridad de Estado.
Generar mayor conocimiento y reconocimiento a la labor que realizan personas, organizaciones y grupos que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales a través de acciones de comunicación, sensibilización y capacitación. Asimismo, se busca establecer un mecanismo que prevenga, proteja y dé respuesta en caso de situaciones de amenaza, ataque y/o intimidación.
2. Inclusión Radical: Una Hoja de Ruta para No Dejar a Nadie Atrás.
El plan integra de manera transversal un enfoque de inclusión profunda, detallando medidas para asegurar que ninguna voz quede fuera del debate ambiental. Las Líneas Estratégicas 1 y 2 ponen un énfasis explícito en "grupos en situación de vulnerabilidad", "niñas, niños y adolescentes" y "pueblos indígenas". Para lograrlo, se proponen medidas concretas como garantizar el acceso a la información considerando la diversidad de idiomas y lenguas del país, incorporar la perspectiva de género en el análisis de datos y trabajar activamente para eliminar las barreras que impiden la participación efectiva. Este nivel de detalle es fundamental para construir una democracia ambiental genuina, donde las decisiones no solo se tomen para todos, sino con todos. Este compromiso con la inclusión se refuerza aún más con el énfasis del plan en promover la "participación pública temprana", asegurando que las comunidades se involucren desde las etapas iniciales de la toma de decisiones ambientales, y no simplemente como una formalidad tardía.
3. Una Tarea de Todos: La Sorprendente Alianza Público-Privada en el Corazón del Plan.
Lejos de ser una iniciativa exclusivamente gubernamental, el plan está diseñado como una colaboración amplia y multisectorial. La sección "Escazú nos reúne" establece la expectativa de sumar compromisos del sector privado, la academia y la sociedad civil para una implementación plena y efectiva. La estructura de gobernanza es la prueba más clara de esta visión: se creará un "Consejo Nacional Estratégico Público-Privado" y "Comités Estratégicos Regionales por Escazú". El Consejo Nacional, por ejemplo, estará compuesto por 31 miembros, con cupos específicos y significativos para la sociedad civil (6), el sector privado (4) y la academia (4), junto a las instituciones públicas. Este modelo colaborativo no solo distribuye la responsabilidad, sino que también fortalece la legitimidad y la viabilidad del plan a largo plazo.
4. Justicia Ambiental Concreta: De la Ley a la Acción Real.
El plan busca traducir el derecho al acceso a la justicia ambiental en herramientas tangibles y efectivas para los ciudadanos. La Línea Estratégica N°3 se enfoca en acciones prácticas para nivelar el campo de juego. Entre las medidas más destacadas se encuentran la promoción de asistencia legal y técnica gratuita para facilitar el acceso a la justicia, el impulso a una reforma legal para disminuir las asimetrías en los procedimientos ante los Tribunales Ambientales y la promoción activa de la mediación como mecanismo alternativo para la resolución de conflictos. Estas acciones buscan empoderar a las comunidades y a los individuos, asegurando que la falta de recursos no sea un impedimento para defender el medio ambiente. Adicionalmente, el plan busca fortalecer la fiscalización en terreno, aumentando la capacidad de supervisión y acortando los tiempos de respuesta de la Superintendencia del Medio Ambiente, garantizando así que la justicia no solo sea accesible, sino también rápida y efectiva.
5. Capacitación a Todos los Niveles: Sembrando el Futuro de la Democracia Ambiental.
Una de las estrategias más visionarias del plan es su fuerte énfasis en la capacitación y la educación, detallado en la Línea Estratégica N°5. Las acciones no se dirigen únicamente al público general. El plan contempla capacitar a funcionarios públicos y autoridades en todos los niveles de gobierno e identificar espacios para incorporar los principios de Escazú directamente en los currículos de la educación formal, desde la formación de docentes hasta la de los estudiantes. Esto se complementará con la creación de material didáctico y campañas de difusión masiva. Esta estrategia a largo plazo busca ir más allá de la implementación de una ley; aspira a sembrar una cultura cívica arraigada en la participación, la transparencia y los derechos ambientales en toda la sociedad.
Conclusión: Hacia un Nuevo Contrato Socio-Ambiental.
El Plan de Implementación del Acuerdo de Escazú en Chile es mucho más que un documento técnico. Es una visión ambiciosa para una democracia más profunda, inclusiva y justa, donde la protección del medio ambiente se entrelaza inseparablemente con la defensa de los derechos humanos. Establece mecanismos concretos no solo para informar y consultar, sino para proteger, incluir y empoderar.
Ahora que el plan está trazado, ¿cuál es nuestro rol como ciudadanos para asegurar que esta hoja de ruta se convierta en una realidad tangible?
